El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy una norma ideada para facilitar el desarrollo de iniciativas empresariales claves, la atracción de inversiones y la creación de empleo. La aplicación de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), que el lunes iniciará su tramitación parlamentaria, acortará plazos y suprimirá burocracia para fortalecer la competitividad del Principado.

Las empresas podrán beneficiarse de esta ley siempre que cumplan uno de estos dos requisitos: la generación de un centenar de puestos de trabajo directos e indefinidos, a jornada completa, o una inversión de 30 millones en menos de dos años. Además, los puestos de trabajo creados deberán mantenerse, como mínimo, tres años desde el inicio de la actividad empresarial.

Estos umbrales se rebajan a la mitad cuando las compañías tengan previsto asentarse en alguno de los municipios considerados en crisis demográfica o en riesgo de despoblamiento. En esos casos, será suficiente con que se comprometan a crear 50 empleos o a movilizar 15 millones.

El Ejecutivo autonómico será el encargado de declarar los PIER, que gozarán de un impulso preferente ante las administraciones y prioridad para acceder a todas las herramientas de apoyo económico y financiero del Principado. En concreto, el período máximo para resolver será de tres meses desde la presentación de la solicitud.

Las iniciativas deben encuadrarse en algunas de las siguientes categorías:

-Las que promuevan el desarrollo económico, social y territorial.

-Las que generen y/o mantengan empleo estable y de calidad.

-Las que produzcan un impulso territorial más sostenible, digital, descarbonizado, competitivo e integrador.

-Las inversiones industriales y/o de servicios avanzados que generen o amplíen cadenas de valor añadido.

-La implantación de nuevas actividades económicas o refuerzo de las existentes que aporten valor añadido en sectores productivos, con alto potencial innovador y desarrollo tecnológico.

-La inversión en cualificación del capital humano, orientada hacia perfiles profesionales en una industria sostenible, digital, competitiva, inclusiva y con perspectiva de género.

-Nuevas actividades económicas que puedan sustituir a sectores en declive o en transición.

-Las que generen una mejora de la cohesión y vertebración territorial y un desarrollo de las zonas más desfavorecidas en la transición hacia una industria sostenible y digital.

-Las que supongan actividades coherentes o alineadas con las orientaciones estratégicas establecidas por el Principado.

La norma acortará plazos, simplificará procedimientos y permitirá ofrecer respaldo a las administraciones municipales que lo necesiten. En este sentido, las entidades locales que manifiesten falta de medios materiales o humanos para la tramitación de los expedientes podrán encomendar al Principado su gestión y la adopción de todos los acuerdos necesarios, a excepción de la concesión de licencias urbanísticas.

La elaboración del proyecto de ley ha corrido a cargo, principalmente, de la Consejería de Transición Ecológica y ha contado con la estrecha colaboración de la Vicepresidencia, que esta misma semana ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios para presentarles el contenido de la norma y buscar el máximo consenso posible de cara a su tramitación en la Junta General.