La Dirección Autonómica de Empleo Público ha aprobado una circular donde se informa a todas las secretarías generales técnicas de las consejerías que la cláusula resolutoria incluida en los contratos formalizados al personal laboral del Principado entre el 8 de julio de 2021 y el 29 de marzo de 2022 «carece de efectos, al exceder el marco legal vigente en ese mal momento para los contratos temporales» en puestos vacantes. Esta nueva directriz tomó cuerpo después de que la Consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, comentase esa misma mañana que había solicitado la continuidad del personal afectado por esos primeros ceses, comunicados el 9 de agosto, hasta que no se resolviera la oposición correspondiente.

La legislación estatal aprobada en el año 2021 para reducir la temporalidad en el conjunto de las administraciones abría la puerta a evitar los ceses masivos de interinos siempre y cuando estuvieran en plazas que formasen parte de procesos selectivos de ofertas públicas de empleo. El Principado cumplió el primer requisito de aprobar ofertas públicas de empleo en 2022 y 2023 con cientos de plazas para puestos asistenciales, tales como auxiliares educadores, auxiliares de enfermería y personal de enfermería, pero tenía pendiente de cumplir la segunda condición: la convocatoria de los procesos selectivos, que evitaría automáticamente el cese del personal temporal que cumpliera tres años de vinculación en un mismo puesto. De ahí que el sindicato CSIF alertase la pasada semana que los preavisos de cese vividos en primera instancia por los educadores y educadoras de centros de menores pudieran extenderse a colectivos más amplios como, por ejemplo, el personal de las residencias de mayores.