El impacto de la discriminación laboral y educativa de las personas extranjeras en España es de 17.000 millones de euros
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presidido la segunda reunión del Consejo Asesor de Brecha de Género, a la que también han asistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión se creó en mayo de este año con el objetivo de asesorar en la toma de decisiones de las políticas públicas competencia del Ministerio desde la perspectiva del género, particularmente aquellas orientadas a reducir la brecha de género. Además, entre sus funciones, está la de proponer iniciativas que puedan cerrar las brechas provocadas por los roles tradicionales de género que persisten. En su primera reunión, el Consejo acordó promover que las instalaciones de la Seguridad Social formasen parte de la red de Puntos Violeta impulsada por el Ministerio de Igualdad.
En esta segunda reunión se ha abordado la necesidad de mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, trata y explotación de los colectivos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres migrantes. También se ha planteado la necesidad de estudiar la prestación por incapacidad temporal (bajas laborales) desde la perspectiva de género y se ha abordado la traslación de la sentencia del Tribunal Constitucional que propone ampliar el permiso de nacimiento de las familias monoparentales en 10 semanas adicionales a las 16 que ya se disfrutan, para garantizar la protección del menor.
El Informe sobre el Impacto Económico de la Discriminación de los Extranjeros en el PIB que ha presentado el OBERAXE (Observatorio del Racismo y la Xenofobia), destaca la especial discriminación laboral de las mujeres, tanto en lo referido a tasa de empleo como cualificación y brecha salarial.
Este recién presentado informe, cuantifica el impacto de la discriminación laboral y educativa de las personas extranjeras en España en 17.000 millones de euros, de los cuáles 12.300 millones son producto de la discriminación laboral exclusivamente. En ese marco, «la discriminación femenina es significativamente mayor que la masculina». En términos de valoración económica, esta discriminación femenina equivaldría a unas 65.500 trabajadoras extranjeras excluidas del mercado laboral, lo que correspondería a unos 1.200 millones de euros anuales menos en retribuciones salariales.
Entre otros resultados, el informe hace referencia a que las mujeres extranjeras tienen 2,3 puntos porcentuales menos de probabilidad de participación laboral. De hecho, si bien representan el 47% de las personas empleadas extranjeras, contribuyen al 62% del efecto global de la discriminación por desempleo, tanto en número de personas como en valor económico.
