El Gobierno de Asturias anuncia una reforma del IPRF que favorece al 80% de las personas contribuyentes

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el proyecto de ley que reforma la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para beneficiar a la gran mayoría social: la modificación permitirá que el 80% de las personas contribuyentes ahorren, como mínimo, 119 euros al año.

La entrada en vigor de la norma se aplicaría con carácter retroactivo a 1 de enero de 2025, de modo que sus beneficios podrían aplicarse ya en la próxima declaración de la renta.

El texto aprobado se sustenta en tres pilares:

-Rebaja un punto el tipo que se aplica al primer tramo del impuesto, que pasa del 10% al 9%. Además, se incrementa el mínimo personal y familiar exento, que no se modificaba desde 2015.

-Se neutraliza cualquier beneficio para las rentas superiores a 55.000 euros, que no pagarán ni más ni menos tras la reforma. De este modo, toda la rebaja se concentra en las clases medias y trabajadoras. Para lograrlo, el cuarto tramo pasa del 18,5% al 19,20%.

-Con el fin de avanzar en la justicia fiscal, se incrementa el tipo que se aplica a las rentas más altas, aquellas que superan los 175.000 euros, que pasa del 25,5% al 26%.

Con estas medidas, las modificaciones beneficiarán especialmente a las clases medias y trabajadoras: las rentas más favorecidas serán las inferiores o iguales a 35.000 euros, que concentran al 80% de las personas declarantes. Se trata, por tanto, de una nueva iniciativa para ahondar en la vía fiscal asturiana, concebida para la gran mayoría social, y cuyos resultados quedan reflejados en las campañas de la renta.

Impuesto de transmisiones patrimoniales

El proyecto de ley incluye también otra modificación fiscal, fruto del mismo acuerdo político que la reforma del IRPF, relacionada con el impuesto de transmisiones patrimoniales. Este cambio persigue favorecer el derecho a la vivienda.

En este caso, se propone aplicar un gravamen del 15% a las transmisiones de inmuebles cuando el adquirente sea una persona física o jurídica que tenga la consideración de gran tenedor. Esta consideración se aplica a las personas físicas o jurídicas propietarias de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, también de uso residencial, por lo que quedan excluidos garajes y trasteros.