Según el último informe publicado por la UGT todas las empresas en España y con una plantilla de 50 empleados o más tienen desde este lunes 4 de marzo la obligación de disponer de un protocolo contra el acoso laboral a las personas LGTBI para asi mejorar la inserción de este colectivo.

Este 4 de marzo vence el plazo de 12 meses habilitado en la ley por la igualdad de trato aprobada en el 2023 y las empresas que no cumplan con dicha obligación pueden verse sancionadas por la inspección de trabajo con multas entre los 7.501 y los 225.018 euros

Para evitar estas multas las empresas tienen que tener por escrito un manual que diga que hacer en caso de que se produzca una situación de acoso: a quien puede denunciar al afectado, a traves de que canales y como se resolverán los potenciales conflictos, entro otros. Una obligación similar a los protocolos contra el acoso sexual que todas las empresas de 50 a más empleados ya deben tener dentro de sus planes de igualdad.