El Principado de Asturias ha presentado las políticas de vivienda 2022-2026 y entre las medidas anunciadas (consultar aquí) cobra especial relevancia el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, para el que la Administración General del Estado aporta 44,20 millones y el Principado, 12,01. Estos fondos, que se ejecutarán hasta 2025, se distribuyen en las siguientes líneas de actuación:
-Ayudas al alquiler: 25,4 millones.
-Rehabilitación para la mejora de la accesibilidad: 12,4 millones.
-Mejora de la infravivienda en la zona rural: 3 millones.
-Incremento del parque de vivienda en alquiler: 15,4 millones.
Este plan se pondrá en marcha tras la firma del correspondiente acuerdo entre ambas administraciones, introduce como novedad la adjudicación directa de las ayudas al alquiler para agilizar la tramitación. Estas subvenciones se concederán por dos años, las convocatorias estarán abiertas durante periodos más largos y los pagos serán periódicos, una vez se presenten los justificantes de los recibos de arrendamiento. De este modo, se favorecerá la emancipación de jóvenes en cualquier concejo y se ofrecerá cobertura a las personas mayores más vulnerables.
En lo que se refiere al apartado de la accesibilidad, las ayudas podrán solicitarse tanto para obras en edificios o en el interior de pisos como en viviendas unifamiliares. También se habilita una línea orientada a la mejora de la infravivienda en zonas rurales, lo que favorece la dinamización de estas áreas y contribuye a fijar población.
El texto del Plan de Acceso a la Vivienda centra los esfuerzos en la dotación de ayudas al alquiler, con el fin de que las personas con menos ingresos puedan optar a una vivienda digna. También pretende favorecer la emancipación de la juventud, con mayores subvenciones para el arrendamiento e incluso con ayudas a la adquisición de inmuebles en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes.
Igualmente, incorpora ayudas a la promoción de inmuebles cuyo diseño, instalaciones y servicios respondan a las necesidades de personas mayores o con discapacidad. Estos edificios podrán ser de titularidad pública o privada, y de nueva edificación o rehabilitados, siempre que se destinen durante un plazo determinado al alquiler asequible, con rentas ajustadas y para arrendatarios con ingresos limitados.
