Ayer saltó la polémica cuando desde el Ministerio de Trabajo se filtró las líneas maestras de la nueva Ley de Empleo, que desde el mes de junio se lleva tramitando en el Congreso, donde se priorizaran a los colectivos migrantes, los beneficiarios de protección internacional, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en situación de exclusión social, las personas que han abandonado los servicios de empleo, las personas mayores de 45 años y quienes pertenezcan al colectivo LGTBI a la hora de realizar programas orientativos y acciones laborales desde los Servicios Públicos de Empleo.
¿Dónde está la polémica? Pues que desde el SEPE se reconocerá al colectivo LGTBI como “vulnerable” garantizándoles así una atención prioritaria siempre y cuando las personas pertenecientes al mismo acrediten su orientación sexual o identidad de género en el caso de las personas trans a través de una declaración jurada.
Desde el Ministerio de Trabajo se han apresurado a declarar que esa declaración se prestará únicamente de manera libre y voluntaria.
Han sido muchas las voces que en el día de ayer protestaron indignadas ante tener que ser “marcados” por su orientación sexual a la hora de buscar empleo
