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El Gobierno del Principado de Asturias publica las bases de los procesos selectivos y así reducir la temporalidad en la Administración

El Gobierno del Principado de Asturias ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) las bases generales que regirán las convocatorias de los procesos selectivos para reducir la temporalidad en la Administración autonómica. En total, se convocarán 2.061 plazas, de las que 786 afectan al personal funcionario de los cuerpos y escalas y 1.275, al personal laboral.

A las citadas plazas hay que sumar otras 4.793, que corresponden a personal estatutario del Sespa, y 1.562 al personal docente, que tienen sus bases y convocatorias específicas.

El objetivo del Gobierno de Asturias es cumplir la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de reducción de la temporalidad en el empleo público, procurando que la valoración de la experiencia del personal temporal facilite el objetivo de la estabilización y ponderando, al mismo tiempo, el necesario respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La convocatoria de los procesos selectivos se realizarán antes del 31 de diciembre de este año y 1.903 de las plazas se cubrirán por concurso, mientras que otras 158 se ocuparán por concurso-oposición.  Además, un 7 % de los puestos se reserva a personas con discapacidad y un 2 % a personas con discapacidad intelectual. Estos procesos deberán estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2024.

Esta convocatoria será abierta pudiéndose presentar cualquier persona que cumpla los requisitos, si bien su diseño, de acuerdo con lo previsto en la ley, tiene en cuenta de forma relevante el factor de experiencia o antigüedad, con el fin de poner en valor el trabajo del personal temporal.

Todas las plazas cubiertas temporalmente durante más de 5 años de antigüedad se convocarán mediante concurso y las que lleven entre 3 y 5 años de cobertura temporal, por concurso oposición.

En cuanto a los procesos que se van a celebrar por el procedimiento de concurso, el esquema resumido del baremo es el siguiente:

-La diferencia entre la valoración de la antigüedad en el ámbito del Principado y la antigüedad en otras administraciones se pondera en la cuarta parte, es decir, cuatro años de trabajo en un puesto similar en otra administración valdrá lo mismo que uno solo en el Principado. Asimismo, se valora la experiencia en el sector privado en aquellas plazas que se corresponden con profesiones reguladas, con el fin de respetar el carácter abierto de los procesos selectivos.

-El 60% de la puntuación (60 puntos) se corresponde con la valoración de la antigüedad en las funciones correspondientes a las plazas convocadas. Para alcanzar el máximo de puntuación, será necesario acumular 17 años de antigüedad en la plaza convocada.

-La superación de exámenes correspondientes a oposiciones anteriores para el acceso a los cuerpos, escalas y categorías propias de las plazas convocadas equivale al 20 % de la nota total (10 puntos por cada examen aprobado).

-La superación de cursos de formación recibidos que hayan sido impartidos en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo o de los planes para la formación continua del personal de las administraciones públicas, así como el reconocimiento de categorías de la carrera profesional, constituyen el 17 % de la puntuación total.

-Estar en posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel igual o superior a la requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría correspondiente, puede alcanzar el 3% de la puntuación total.

La fase de oposición implica el 60 % de la puntuación total y la fase de concurso, el 40 %, de los que 32 son de antigüedad. Alcanzarán los 32 puntos los interinos con 17 años en la plaza convocada. Por tanto, el peso de la antigüedad es del 32 % respecto a la nota final.  Además, también se simplifican pruebas selectivas y temarios para lograr mayor agilidad. En la fase de concurso se valorarán antigüedad, cursos de formación y carrera profesional.

Con el fin de agilizar los procesos, el Ejecutivo ha aprobado recientemente un decreto que obliga a los aspirantes que se presenten a relacionarse con la Administración con medios electrónicos.

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