La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha presentado hoy el convenio que ha firmado con las asociaciones empresariales del sector para fomentar la incorporación laboral de las personas beneficiarias del salario social en el ámbito del cuidado de mayores en sus domicilios.
Durante su comparecencia en el Parlamento, Álvarez ha explicado que este convenio se enmarca en el programa transversal ImpulSAD, que pretende dotar de mayor calidad la prestación del servicio de atención domiciliaria, tanto desde la perspectiva de los personas usuarias, como de las propias trabajadoras. “Es un ámbito especialmente estratégico para esta consejería”, ha resaltado.
En este sentido, ha recordado que el próximo acuerdo se sumará a los ya suscritos con el grupo Tragsa, el pasado julio, y con la Fundación Laboral de la Construcción, este mismo mes. Ambos han sido diseñados para impulsar la incorporación de las personas beneficiarias de la renta mínima al mercado de trabajo, con el fin de que puedan recuperar la estabilidad laboral y desarrollar un proyecto de vida con autonomía.
Trasvase hacía el ingreso mínimo vital
La consejera ha informado de que la entrada en vigor del ingreso mínimo vital (IMV), en julio de 2020, ha permitido reducir hasta ahora un 14% el número de personas que cobran el salario social básico. La última nómina, correspondiente al mes de septiembre, se abonó a 19.162 perceptores.
También se ha rebajado en dos millones el gasto mensual destinado por el Gobierno de Asturias al pago de la renta mínima autonómica, de forma que el último abono, correspondiente a este mes, se situó en 7,9 millones, frente a los 9,9 de julio de 2020.
Desde la entrada en vigor de la prestación estatal, y como resultado de la colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 8.925 personas cobran ya en Asturias el ingreso mínimo vital.
El departamento que encabeza Melania Álvarez articuló un sistema de intercambio de información con el INSS para facilitar las gestiones en el trasvase de expedientes que pasaban del salario social al ingreso mínimo vital y reducir así las cargas burocráticas. Durante los primeros meses tras la entrada en vigor de la nueva prestación estatal, Derechos Sociales recabó la autorización de cerca de 9.000 beneficiarios de la renta mínima autonómica para que pudiesen solicitar el IMV de manera directa.
Actualmente, tras aceptar el INSS el plan de actuaciones remitido por la consejería para la comprobación de estos expedientes y garantizar el reconocimiento de los efectos retroactivos a 1 de junio, ha dado luz verde a los primeros 1.500 expedientes tramitados a través de esta vía.
