El Gobierno de Asturias da cobertura cada mes a 21.077 hogares en riesgo de exclusión a través del salario social básico. La última nómina, correspondiente a mayo, se situó en 9 millones. Además, la tramitación de la ayuda autonómica se ha agilizado en los últimos meses, gracias al plan de refuerzo diseñado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para este fin, que permite que el 95% de las solicitudes estén ya resueltas.
Actualmente, todas las personas que perciben la renta autonómica tienen la obligación de solicitar el ingreso mínimo vital, la ayuda estatal aprobada en junio de 2020 para personas vulnerables. Hasta ahora, 6.429 beneficiarios cobran la ayuda estatal y quedan pendientes de tramitación 10.989 expedientes. “En Asturias, el apoyo económico a las personas que lo necesitan está garantizado. Nadie deja de cobrar durante el proceso de trasvase hacia el ingreso mínimo”, explica la consejera Melania Álvarez.
La puesta en marcha de la ayuda estatal no implica que el salario social desaparezca, sino que ambas prestaciones convivirán para dar respuesta a todas las necesidades. “Hay casos que no se contemplan dentro del ingreso mínimo vital pero que sí tienen cabida en el salario social, como por ejemplo la compensación de las pensiones no contributivas”, subraya la consejera.
Álvarez también destaca la importancia de la modificación del decreto que regula el salario social, que ahora permite atender casos graves que no logren cobertura con la prestación estatal y establece una nueva exención del cómputo de recursos para aquellas personas que tengan un préstamo hipotecario asociado a la adquisición de su vivienda habitual, con el fin de equiparar su situación a la de quienes perciben una ayuda al alquiler. La nueva norma también recoge medidas para agilizar e incentivar el acceso al empleo y la formación para perceptores de la renta mínima autonómica.
