Asturias quiere configurar una Administración autonómica más eficaz

Asturias quiere configurar una Administración autonómica más eficaz

Que la Administración pública de Asturias tiene un problema grave esto lo sabe hasta la persona que no vive en esta región porque seguramente en su propia Comunidad autónoma tenga el mismo problema por eso hoy el vicepresidente Juan Cofiño ha solicitado hoy el apoyo de los grupos parlamentarios al Proyecto de Ley de Empleo Público, con el fin de configurar una Administración autonómica que atienda de forma más eficaz a la ciudadanía.

 

En esta comparecencia, Juan Cofiño, informó sobre la norma que se está tramitando en la Junta General y ha ofrecido diálogo a los partidos para sacarla adelante. “Esta ley es un pilar fundamental de la reforma de la Administración autonómica y uno de los principales objetivos de esta legislatura”, ha destacado. El texto, que cuenta en el respaldo mayoritario de los sindicatos, persigue adecuar y actualizar la legislación regional sobre empleados públicos, que data de 1985, para adaptarla al actual contexto social.

 

El objetivo de esta norma es la  de construir una Administración moderna, ágil y eficiente, que regulará, entre otros aspectos, los mecanismos de flexibilidad y movilidad, el diseño de cuerpos y escalas, la provisión de puestos de trabajo, los deberes y derechos de los empleados públicos, un régimen de retribuciones más vinculado a los objetivos y al rendimiento, la posibilidad del teletrabajo y los mecanismos para conciliar la vida personal, laboral y familiar. El ámbito de aplicación incluye al personal del Principado, así como al de la Universidad de Oviedo y las entidades locales, sin perjuicio de las especificidades que deriven de la legislación sectorial aplicable, como es el caso del personal docente y el estatutario del Servicio de Salud (Sespa).

 

Este proyecto de Ley introduce mecanismos de flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, con el fin de adscribir a los empleados públicos a los puestos de trabajo con mayor agilidad. Así, se podrán convocar concursos en ámbitos deficitarios de empleados para que puedan ser cubiertos por personal de áreas con excedentes.

 

También ha avanzado que quiere una regulación de la movilidad por razones de servicio. De este modo, establece un orden de prioridad en los supuestos en los que alguna plaza quede desierta en un procedimiento de provisión definitivo y haya necesidad urgente de cubrirla. Igualmente, regula la redistribución de efectivos, así como la atribución temporal de funciones cuando las circunstancias lo justifiquen. Estos procedimientos persiguen aprovechar mejor los recursos humanos.

 

La normativa presentada hoy a los grupos parlamentarios recoge cuatro instrumentos de ordenación de puestos de trabajo, que pueden ser aprobados conjunta o separadamente: personal funcionario, laboral, directivo y eventual.

 

Esta nueva normativa conlleva una reordenación donde se incorporan novedades como la desaparición del cuerpo de subalternos, cuyos efectivos se integran en otro más transversal denominado Agrupación profesional de servicios generales y apoyo logístico. En este grupo se integrará también personal en escalas declaradas a extinguir por la desaparición de sus funciones. Así, estos empleados se englobarán en una escala activa que se encargará de labores generales de control de instalaciones, mantenimiento de edificios y, en general, de aquellas que no requieren una titulación específica.

 

Además se extingue el cuerpo de auxiliares administrativos, cuyos integrantes tendrán convocatorias especiales para promocionar a administrativos en los próximos 5 años. Esta medida responde a la imposibilidad de separar en la práctica las funciones de ambos cuerpos, solapadas por la profunda transformación tecnológica de la gestión, acentuada durante la pandemia.

 

Por otra parte, se crean cuerpos especializados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la protección del medio ambiente, la fiscalización y control de la legalidad, la investigación, la protección civil o la prevención y extinción de incendios. Esta medida implicará la puesta en marcha de procesos que conllevarán el paso de parte del personal laboral a personal funcionario, de acuerdo con la normativa vigente. Este proceso será especialmente relevante en ámbitos como el Servicio de Emergencias (Sepa), con categorías como la de bomberos, así como en la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital.

 

Tambien, de acuerdo con la legislación europea y nacional, se regula la nueva situación de derechos y deberes del personal interino, que no podrá permanecer más de 3 años seguidos en el puesto.

Se creara la figura de subdirector general, que será nombrado por el sistema de libre de designación entre personal funcionario de carrera del subgrupo A1. Estos puestos estarán sujetos a evaluación, con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados. Su elección responderá a los principios de mérito y capacidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia.

 

En cuanto al sistema de retribuciones, se introducen mecanismos que permitan premiar la productividad, la dedicación y la gestión eficiente, por lo que se configurará un nuevo sistema para medir los resultados del trabajo que incentive el desempeño. En la valoración, que se realizará con criterios objetivos, la prestación de los servicios a la ciudadanía será el elemento esencial para determinar los resultados.

 

Estabilización de empleo público para reducir la tasa de interinidad

 

El Gobierno del Principado Asturias ha venido adoptando medidas a lo largo de la legislatura en el marco del proceso de reforma y modernización que está llevando a cabo, como la aprobación de la Ley de Medidas Administrativas Urgentes, que permite reducir la burocracia e impulsar la actividad económica. A su vez, el departamento que encabeza Juan Cofiño alcanzó la semana pasada un acuerdo con los sindicatos para la estabilización de 8.423 plazas, lo que permitirá reducir la tasa de interinidad por debajo del 8 % a finales de 2024.

 

De la misma manera, se ha resuelto el concurso de méritos, que llevaba años enquistado, lo que ha facilitado a mil funcionarios obtener destino definitivo en puestos singularizados.

 

También se ha reforzado el personal para la gestión de los fondos europeos Next Generation EU y próximamente se aprobará el decreto de teletrabajo.

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